Con los votos de la coalición y para sorpresa del Frente Amplio, se votó la nueva ley sin haber pasado por la Comisión de Industria, con modificaciones y un aditivo de Cabildo Abierto
La iniciativa por una nueva Ley de Medios había ingresado al Parlamento en abril del 2020, y desde ese entonces, estuvo en discusión en las cámaras de Senadores y Diputados hasta el martes 14 de mayo, cuando el oficialismo planteó en el Senado, sin previo aviso en la reunión de coordinación de bancadas, de forma “grave y urgente”, y fue aprobada con 16 de 29 votos. Esta nueva ley deroga la anterior que tenía más de una docena de artículos declarados inconstitucionales y a su vez suma nuevos artículos, por lo que deberá volver a Diputados para ser aceptado o rechazado, pero no puede volver a modificarse.
La (des)coordinación de las bancadas
El mayor problema para la oposición, más allá de las modificaciones de la ley, fue “ético”, ya que la bancada del Frente Amplio no sabía que se iba a votar hasta ese mismo día, aseguró a Grupo Isos Alejandro Sánchez, senador por el Frente Amplio, quién además agregó que se trata de “una de las peores leyes que ha aprobado el Parlamento, tanto en su forma como en su contenido y le ha hecho un daño muy grande al sistema político y al sistema de medios y por consiguiente a los ciudadanos”. Esta “desprolijidad”, dice, demuestra también “la intencionalidad de no escuchar otras voces y de imponer las soluciones que el Gobierno entiende”.
Por su parte, la senadora por el partido Cabildo Abierto, Irene Moreira sostuvo que “hace dos semanas se había anunciado en ese ámbito que llegado este día se iba a votar la Ley de Medios”, y que debido a que en la última reunión no estaba claro que se fuera a lograr “se generó el malentendido”. Explicó que se votó en virtud de “grave y urgente” porque quedaban “pocas semanas de actividad legislativa”. Afirmó que “no hubo mala intención” y que entendía que la cercanía con las elecciones “precipita que se tomen decisiones como la de abandonar la coordinación”.
En tanto, el senador y candidato a presidencia por el Partido Nacional Jorge Gandini, comentó a La Diaria que el proyecto ya lleva años en el parlamento y declaró: “Lo que está en el fondo es que una parte del Parlamento quiere que quede vigente la ley anterior y otra parte quiere que se cambie. Quienes quieren que quede la anterior, obviamente quieren que se discuta y se discuta y vengan unos y vengan otros, porque ya estamos sobre la hora y va a perderse la oportunidad de cambiarla y nosotros queremos cambiarla”.
Una regulación que deja de lado al internet
“Es una muy mala ley porque regula hacia atrás”, declaró Sánchez acerca de la falta de contemplación del streaming, el internet y las nuevas plataformas en la nueva Ley de Medios. En este punto, Washington Melo, presidente de CUTA (Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados), mostró cierto acuerdo, ya que entendía que “dejar fuera de la regulacion a internet es como regular fuera de tiempo”, más cuando las restricciones son para medios que están “en retirada”. No obstante, planteó también que la ley vigente es “hiperregulatoria”, con aspectos “impracticables, que demuestran desconocimiento de la realidad del sistema de medios” que la vuelven “peligrosa” y que por eso era necesario una nueva ley. Mercedes Aramendía, presidenta de URSEC (Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones) se posicionó también en este camino, asegurando que la nueva ley era necesaria, pero que también “es necesario trabajar para que la regulación se aggiorne atendiendo la transformación digital, la realidad del mercado y de los medios de comunicación de todo el país”.
Aumento de licencias y posibilidad de ofrecer internet para los cableoperadores
Uno de los artículos que más discusión generó fue el aumento a 8 licencias por empresa para cableoperadores. A los ojos del senador frenteamplista, este cambio promueve la concentración en los medios y puede atentar contra la diversidad de voces que deben ser representadas en los medios. Además, se mostró en contra de la distinción que hace ley para que solo las empresas cableoperadoras puedan proveer servicios de internet, pero no así aquellas con licencias satelitales. “No hay un fundamento técnico, es permitir que algunas familias mantengan un negocio para que no venga otro a competirle”, declaró en el parlamento.
Para el presidente de CUTA, en cambio, es una oportunidad para que el cable llegue a pueblos y pequeñas localidades, que de otra forma sería imposible de sostener el proyecto a nivel económico. En este sentido, aseguró que “ese numero en absoluto significa tener un monopolio” y que planteando restricciones mayores a las licencias no se estaría defendiendo las comunicaciones nacionales, sino “haciendo lo contrario”.
La nueva Ley de Medios asegura también el derecho de los cableoperadores a prestar servicios de internet a los usuarios. Esta discusión, que ya se había llevado a cabo en 2022 en la Rendición de Cuentas y finalizó con el monopolio de Antel, pero que venía con demoras en las licencias, se consolida entonces en este punto. Esto preocupó al Frente Amplio, en tanto “se les da una posibilidad de un nuevo negocio a empresas que no van a hacer ninguna inversión y no tienen capital para hacerlo, generando así una competencia hacia Antel que necesita rentabilizar, y no poner en riesgo la inversión de la fibra óptica de todo el pueblo uruguayo”, expresó Sanchez. Por el contrario, para el representante de los cableoperadores, este punto es clave ya que representa un derecho y que en el pasado “restringía la libertad” tanto de los proveedores como de los uruguayos a la hora de elegir. Para Melo, quitar estas trabas es potenciar a la industria.
Cambios en los organismos públicos de los medios de comunicación
Otro de los puntos clave de la discusión está en los medios de comunicación del estado y sus organismos. La nueva ley propone el cierre de la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual, un organismo que nunca se creó desde su decreto y que, según Melo, “tenía muchísimo poder porque se metía en muchos aspectos de las comunicaciones y los medios y podía volverse muy peligroso”, y es por esto que para él fue positivo este cambio.
Por otra parte, la oposición reclamó acerca de “la intencionalidad del Poder Ejecutivo de eternizarse en el gobierno de los medios de comunicación públicos”, destacó el senador. Esto se debe a que en la ley se estima que a los 30 días de aprobada se nombrará un nuevo directorio de los medios públicos con una duración de mandato de 6 años. En ese sentido, el nuevo gobierno de turno elegido en octubre o noviembre de este año trabajará con un directorio nombrado por el oficialismo. Sánchez acusó que “eso rompe las reglas claras de relacionamiento político y democrático, porque no puede ser que se anuncie que se va a seleccionar un presidente de los medios públicos y nacionales y que dure más que el próximo poder ejecutivo”,
El aditivo cabildante
Cabildo Abierto, que fue crucial para conseguir los votos suficientes para la aprobación de la ley en el Senado, propuso un apartado en el que realzan el “derecho a una comunicación política completa, imparcial y equilibrada”, donde “los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”. El Frente Amplio, por su parte, cuestionó quién estará a cargo de controlar esta veracidad y razonabilidad. Sánchez también señaló que, en conjunto con el elemento de que el poder ejecutivo tiene la potestad de renovar o no licencias, que el control de este aditivo quede en manos del estado “podría ser una presión indebida a la libertad de expresión”.
En cambio, Moreira fundamentó que este aditivo “no es más que el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a recibir una comunicación política imparcial y plural y del deber de los servicios de difusión (que utilizan ondas que son públicas a través de sus licencias) de presentar información rigurosa, algo muy importante sobre todo en esta época de las fake news”. Además, agregó: “Con más razón para los medios públicos, tanto nacionales como departamentales, que los gobiernos suelen caer en la tentación de utilizarlos como medios de propaganda oficialista”.
En representación de CUTA, Melo destacó: “En estos 30 años de existencia de cables en Uruguay hemos tenido una conducta de apertura, a favor de la libertad. No es nuestro cometido flechar la cancha ni favorecer a uno o al otro. Entiendo, a pesar de que hay mucha gente que se moleste, la posición de algún partido político de querer asegurar la pluralidad en los grandes medios, porque los propios medios a veces son los culpables de generar confusiones al pretender hacer un uso diferente al que le confiere su calidad de medio de comunicación, aunque eso no se aplica a nuestro caso”.
Por su parte, la radio En Perspectiva comunicó que varios diputados del oficialismo “entienden conveniente que si el proyecto se confirma en Diputados el presidente Luis Lacalle Pou vete el polémico artículo ya que consideran que atenta contra la libertad de prensa”, para lo cual aseguraron también que el senador Jorge Gandini dijo que si el presidente vetara, él acompañaría.
A grandes rasgos, se podría decir que el voto de la nueva Ley de Medios fue una necesidad de cierre para el oficialismo, con un resultado sumamente negativo a los ojos de la oposición; y para los implicados como CUTA, fue un movimiento “positivo, que soluciona muchos inconvenientes que planteaba la ley anterior, pero no una solución de raíz”. Al respecto de esto, las grandes empresas de telecomunicaciones privadas le comentaron a Grupo Isos que todavía no tienen su postura formada para con la nueva ley.
