Las compañías autorizadas autorizadas son Nuevo Siglo (Riselco S.A.), Televisión Cable Color (TCC, Tractoral S.A.), Monte Cable (Monte Cablevideo S.A.), Praiamar y Korfield. Las primeras tres ofrecen servicio en Montevideo, mientras que estas dos últimas son prestadoras de servicio en Colonia y Pando. Hasta ahora, el servicio de Internet por cable o por fibra óptica era monopolio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones - ANTEL.
Según las resoluciones dadas a conocer por Presidencia de la República, las empresas obtienen la «Licencia de Telecomunicaciones Clase «B», para brindar a terceros el servicio de transmisión de datos.
Un poco de historia.
Los operadores de televisión para abonados vienen pidiendo licencia para prestar servicio de Internet desde alrededor del 2007, pero el artículo 56 de la Ley 19.307, que data del 2014 y tiene por objeto establecer la regulación de la prestación de servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual; prohíbe a los cables dar servicio de Internet, expresando que: «Las personas físicas o jurídicas que presten servicios de comunicación audiovisual regulados por la presente Ley no podrán, a su vez, prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos». Ante esto, muchas de las empresas presentaron recursos ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), pidiendo que el artículo 56 de la Ley de Medios se declarara inconstitucional. Entre 2016 y 2017 varios de estos operadores obtuvieron sentencias en donde la Suprema Corte de Justicia afirmó que era inconstitucional prohibirle a los cables brindar servicio de Internet, pero muchas otras empresas no lo lograron, porque «solo aplica a aquellas empresas que efectivamente presentan el recurso» afirmó la abogada de Korfield, Praimar y Canelones Cable Visión Color -empresa que espera obtener la autorización para brindar Internet a la brevedad- Cristina Olaso al periódico El País.
El escenario actual.
Estos tres canales privados de Montevideo a los que se le adjudicaron la posibilidad de ofrecer Internet, controlan el 95,5% del mercado de la televisión abierta nacional y en facturan cerca de 82,5 millones de dólares. Si se suma el cable, (que son las 3 empresas de Montevideo a las cuales los beneficia la resolución que mencionamos) reciben 170 de los 276 millones de dólares del mercado total de la televisión*. Resumiendo, los tres grandes grupos empresariales de la televisión privada comercial nacional; Romay (Canal 4), De Feo-Fontaina (Canal 10) y Cardoso-Scheck (Canal 12), son los más beneficiados por esta resolución.
El Director Nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, se expresó sobre la resolución y dijo al informativo Telemundo que «Con esto solucionamos un reclamo de muchos años de la industria. No podían dar internet por la prohibición de la Ley de Medios. Quienes iniciaron la acción de inconstitucionalidad podrían estar habilitados, pero los gobiernos anteriores quisieron que eso no ocurriera». El jerarca también aseguró que esto brindará «más libertad a la gente» y acceso a Internet «más barato». Además, consideró que será «bueno para ANTEL», dado que contará con «86 clientes más», los cableoperadores. Para complementar la justificación, Mercedes Aramendía, presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones – URSEC, añadió que esta nueva normativa estimula la «sana y leal competencia» y espera que comience a funcionar «a la brevedad».
Pero por el momento han quedado de lado otras empresas de televisión para abonados internacionales que operan en Uruguay, como Cablevisión y DirecTV, así como todos los cableoperadores agrupados en la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), quienes, a través de su presidente Washington Melo, habían mostrado su optimismo para que les llegara también la autorización para la venta de Internet. La noticia de que estas empresas quedaran habilitadas les generó optimismo, pero, por el otro, una desazón, porque la enorme mayoría de las compañías del interior siguen a la espera sin tener en claro cómo sigue el panorama. Hace dos semanas, incluso, la CUTA compareció ante la Comisión de Industria de Diputados y obtuvo por parte de los partidos políticos el compromiso de resolver el problema, pero por ahora no hay noticias alentadoras, anunció El País.
Si la licencia se concede, cada empresa afiliada a la CUTA tendrá la libertad de elegir el modelo de negocio. Para ellos, lo más lógico es profundizar el acuerdo que existe con ANTEL para que les proporcione el ancho de banda, y que los operadores de cable se encarguen de la última milla con los productos que considere. Otra posibilidad, es que cada empresa invierta y despliegue sus propias redes en forma independiente, aclarando que la licencia plantea que cada empresa venda Internet solo en su área de servicio.
Sin política de estado y monopolio.
El otro afectado, ANTEL, es la empresa estatal de telecomunicaciones, que recauda por año más de USD 400 millones con los servicios de banda ancha. Esta decisión del gobierno, que rompe el monopolio de la empresa estatal, ha desatado una serie de críticas, donde el director de ANTEL por el Frente Amplio, Daniel Larrosa, expresó que “se rompe una política de Estado histórica”. Tras la resolución adoptada por el gobierno, la ex presidenta de ANTEL y ministra de Industria, hoy Intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, aseveró que es una medida «altamente inconveniente y antipatriótica», y agregó que «estamos siendo testigos del vaciamiento de ANTEL». Por su parte, el presidente del sindicato de ANTEL – SUTEL, Gabriel Molina, dijo al diario El País que el sindicato «rechaza de plano esto que el gobierno ha hecho entre bambalinas”.
Pagar para ofrecer señales por streaming.
Por otra parte, y procurando incrementar la oferta de contenidos audiovisuales disponible desde su plataforma de streaming Vera TV, y con el objetivo de atender el interés que esto representa para sus usuarios de dispositivos móviles en un mercado altamente competitivo, ANTEL debe pagar a cada uno de los canales de televisión abierta USD 83.334 (más impuestos), montó que supera los USD 1,2 millones anuales (impuestos incluidos), para poder emitir sus señales. El plazo del acuerdo es de tres años, renovable automáticamente para todas las partes, salvo que cualquiera de ellas comunique su voluntad de no renovación automática. Si se considera el plazo inicial estipulado en el contrato, ANTEL se compromete a desembolsar a los tres canales privados un total de USD 10,8 millones (con impuestos incluido).
*Fuente: “La televisión privada comercial en Uruguay”.