Dirigentes políticos, precandidatos presidenciales, diputados y senadores, autoridades, representantes de la industria audiovisual y analistas debatieron en el hotel Hyatt en Montevideo sobre la evolución de las telecomunicaciones en Uruguay en toda América Latina, y sobre la necesidad manifiesta de evolucionar en las regulaciones para el fomento de la conectividad y el acceso a la información y el entretenimiento.
El evento fue organizado por Vrio Corp, matriz de DirecTV Latin America y SKY Brasil, con el objetivo de compartir estrategias para reducir la brecha tecnológica e incorporar a cientos de miles de personas a la economía digital, con mayor asequibilidad y calidad en los servicios.
Participaron Mercedes Aramendía, presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), y Gustavo Delgado, vicepresidente del organismo; Gonzalo Ramallo, de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA); Guzmán Acosta y Lara, ex director de Telecomunicaciones; Juan Casaravilla, gerente general de TCC; y Edgardo Otuño, director de OSE.
Vrio Corp. presentó un policy paper realizado sobre la base de una investigación donde que indica que “a nivel regional existe un juego anticuado de reglas que no promueven la competencia y el desarrollo de inversiones de empresas locales. Este hecho se traduce en asimetrías de costo y atentan contra la generación de valor a nivel local y la democratización de acceso a la tecnología y la digitalización”, asegura.
“Los marcos regulatorios en América Latina no están adaptados a un contexto de convergencia extrema y crean un panorama competitivo desigual: las empresas tradicionales de TV paga son tratadas como si fueran un servicio público, con pesadas regulaciones, barreras de entrada y altos impuestos y obligaciones accesorias”, dijo Silvana Lettieri, country manager de DirecTV Argentina y Uruguay.
Pedro Bentancourt, vicepresidente de Asuntos Económicos, Externos y Regulatorios de Vrio Corp, agregó: “Las compañías de TV Paga están sujetas a obligaciones de transmisión (must carry); costos de sociedades de gestión colectiva, y reglamentos de atención al cliente estrictos con los que cumplen, mientras que las plataformas OTT acceden al mercado sin enfrentar esas exigencias.
En el debate hubo entendimientos acerca de que es un contexto de convergencia extrema -un fenómeno en que las fronteras entre TV, cine, videos caseros, internet y telefonía se desdibujan- que torna urgente una revisión de la normativa para igualar condiciones, crear nuevas oportunidades de crecimiento y estimular inversiones para que esta industria entregue beneficios ciertos y tangibles a los clientes en condiciones de real competencia por el servicio.
“Sin dudas, este es el único camino para asegurar la universalización de la conectividad en América Latina y aprovechar los beneficios de la revolución digital. Si el sector privado y el público pueden debatir y evolucionar el marco normativo, se crearán condiciones más propicias para la generación de cientos de miles de empleos en la industria en la región”, agregó Lettieri.
La alta carga impositiva y normativa impuesta a las empresas que ofrecen conectividad y TV paga, este sector ha reducido su capacidad de crecimiento y la posibilidad de realizar las inversiones de gran magnitud asociadas a la intensa innovación tecnológica de esta industria.
“Este proceso deriva en una inversión efectiva inferior al nivel potencial y contribuye a la persistencia de una brecha digital preocupante. En América Latina, el 49 por ciento de los hogares no tiene acceso a Internet y el 67 por ciento no está suscrito a la televisión paga”, expresó Bentancourt.
El ejecutivo concluyó que el actual escenario es negativo, porque las operadoras de televisión paga están sujetos a normativas del Siglo XX, que limitan sus posibilidades de invertir más, y, por otro lado, las plataformas en línea se enfrentan a la incertidumbre reglamentaria, tanto en lo que respecta a su posición actual ante los organismos reguladores, como sobre las futuras normativas que podrían impulsar sus negocios e inversiones.
“Los riesgos para las empresas tradicionales son muy claros. La continuación del status quo producirá un daño irreparable a sus negocios, al desarrollo tecnológico regional, y limitará las oportunidades de invertir e innovar, perjudicando así a toda la economía. La mejor alternativa es unir fuerzas e ideas con las plataformas y el sector público para generar una evolución concreta y sostenida”, concluyó.
