En la 33° edición de Jornadas Internacionales, el evento de la industria de las telecomunicaciones realizado en el Hotel Hilton de Buenos Aires durante los días 3 y 4 de octubre, se realizó la mesa denominada “La Agenda TIC imprescindible”, que contó con una introducción de Antonio Roncoroni, quien sintetizó el pensamiento de la Mesa de la Industria Tic, y un detallado análisis del economista Marcos Orteu. Al cierre de las ponencias, se realizó una foto de todos los integrantes de la Mesa.
Roncoroni detalló: “La mesa TIC empezó hace tres años, con cinco actores que expresábamos a distintos sectores de la industria. Empezamos a soñar, a crear ideas de telecomunicaciones que les sirvan a todos los argentinos. A tres años vista, tuvimos resultados satisfactorios, a través de consensos, a través de respeto entre los interlocutores y construcción común” y agregó: “Hace un año sacamos el primer manifiesto TIC, el primer logro, firmado por cinco, que, si bien representábamos el setenta por ciento del sector, consideramos era insuficiente para tener una agenda que llame la atención de los gobiernos, a prestar oído y dar respuesta. El segundo logro fue pensar un evento, en el Municipio de la Costa, que se realizó en Costa del Este. En ese evento se produjo una transformación extraordinaria, se sumaron un total de mil de los mil doscientos TICs que hay en nuestro país. Tenemos el noventa, pero invito a todos a completar el cien por ciento. Invito a todos a firmar en coincidencia en los cuatro o cinco puntos necesarios para el desarrollo del sector, de las industrias, de toda la economía. Somos la industria que está en todas las industrias, no hay cultura, educación, servicios, seguridad, industria, sin internet no hay nada de esto, sin conectividad no hay nada”.
“En nuestro trabajo conjunto debemos definir el rol del Estado, de las SAPEM y de ARSAT. Soy un admirador de ARSAT y su trabajo debe ser puesto en valor, como acción subsidiaria y complementaria, cuando la actividad privada no haga o no llegue, ahí deben intervenir las SAPEM y ARSAT. En los lugares donde los privados estén dando servicios no debe haber SAPEM ni ARSAT compitiendo. También se debe derogar el DNU 690. El decreto es un corset para la industria, para la inversión, para el servicio. No se puede crecer si no se deroga el decreto 690. Debe ser derogado para liberar las fuerzas del sector. El Estado no debe regular internet, debe fomentarla. Debemos salir del laberinto de normas que entorpecen regulatoriamente el desempeño de las empresas TIC, aun así, tenemos ratios extraordinarias. Esto marca que hacemos bien el trabajo, a pesar de la macroeconomía. Debemos construir normas virtuosas, que sean menos normas y más virtuosas. Debemos, además de licitar el 5G, generar las condiciones para el despliegue, para que no haya impedimento para la construcción e instalación de sitios. Estoy muy contento el lugar que se ha dado a las PyMEs y Cooperativas en las localidades de menos de cincuenta mil habitantes en las resoluciones referidas al 5G”.
“Por último, quiero referirme al Servicio Universal, tiene que ser cristalino, tiene que llegar a los que han hecho inversiones sin inventar nuevos actores, y, por último, todos los que hagan negocios sobre nuestras redes, deben aportar al Fondo de Servicio Universal, no pueden estar exentos. Esta industria es el pasado, es el presente, y fundamentalmente, es el futuro de la patria”.
A continuación, el economista Marcos Orteu expresó: “El sector TIC genera más de 400.000 empleos y produce un impacto directo de crecimiento del PBI con el aumento de la banda ancha. Argentina ha hecho importantes avances en la reducción de la brecha digital, mejora de calidad y asequibilidad del servicio. Solo el 4 por ciento de la población no tiene acceso”.
“La inversión TIC reduce la congestión y permite el surgimiento de nuevos servicios, usos e innovaciones, para dar otros usos que permita crecer el ecosistema digital y el de conectividad. En conectividad, Argentina está en el grupo de menores ARPU desde 2017, y terminará afectando, de continuar esta tendencia, el nivel de inversión. Aun así, el nivel de inversión se mantiene, con un enorme esfuerzo, pero la pregunta es cuán sostenible es esto con ingresos en constante caída y difícil de frenar. Los precios de los servicios de comunicaciones tienen una caída del 40% en términos reales en los últimos cuatro años”.
“En este contexto se precisa una nueva agenda regulatoria sectorial. Una simplificación regulatoria, que derogue el DNU, que regula precios de forma innecesaria y de imposible aplicación e implementación. El DNU es una clara manifestación de inseguridad jurídica, que se suma a la volatilidad macro de la economía argentina”.
“También es necesario simplificar y actualizar los marcos normativos y de información. Llevamos treinta años de regulaciones acumuladas, con parches, desactualizadas. Debemos contar con mecanismos dinámicos y trasparentes para el diseño de marcos, que, por ejemplo, tengan una medición de impacto de las aplicaciones del FSU y permitan planificación y correlato con la realidad”.
“En el mismo sentido debemos homogeneizar los permisos y tasas, tenemos que simplificar el laberinto normativo que demora el despliegue de infraestructura para las actuales y nuevas tecnologías. Para esto, existen modelos virtuosos de referencia como Brasil y Colombia”.
“También tenemos una asimetría regulatoria, dónde el 66% del tráfico de las redes corresponde a video, del cual la mayoría a siete OTTs. En este escenario, en un mundo de convergencia extrema, la regulación debe evitar desequilibrios competitivos como este”.
“Por último, la TV Paga necesita nuevos modelos de negocio, formas de contratación y regulaciones para prosperar, entre las cuestiones fundamentales está el combate a la piratería y la eliminación de regulaciones distorsivas como la de la grilla. O los derechos de autor que generan un aumento de costos significativos. Regulaciones desactualizadas para el mundo actual”.
“El rol del Estado debe estar claro, definido. Las empresas estatales y el Fondo de Servicio Universal carecen de ellos y no coordinan con el sector privado”.
“El FSU debe tener objetivos claros y medibles, con un reglamento actualizado y coordinado con el sector privado. Cuenta con una profunda subejecución, y la ejecución va a actores del Estado como las SAPEM o ARSAT, o programas como barrios populares”.
“El 5G promete crecimiento y reducción de brechas, pero antes hay que desplegar redes y descubrir un modelo de negocio viable. Es un proceso desafiante que lejos está de agotarse en la subasta de espectro, que llevará mucho tiempo, inversión y esfuerzo”.
“La subasta de 5G es desorganizada y sin objetivos claros, lo cual presenta un escollo, con distorsiones como el espectro para ARSAT”.
“Por último, quiero hablar de la neutralidad tecnológica. Todos los países de la región han mantenido esa posición, sobre todo por el costo de cambio de tecnología. El mejor ejemplo es el Reino Unido, donde a pesar de votar la eliminación de una tecnología, esto claramente se ha tornado imposible”.
“Hoy innovar es definir un mundo común y tratar de mantenerlo. La regulación debe dejar de ser un tema, el regulador debe dejar de ser el que defina, debe dejar que las empresas compitan”.
