El pasado miércoles 13, el proyecto de Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información marcó hitos significativos al obtener el respaldo tanto de la Cámara de Diputados como del Senado.
En una jornada clave, la Ley Marco de Ciberseguridad (boletín 14847) fue considerada dos veces, primero en la Cámara de Diputados, donde fue aprobada con un contundente respaldo de 134 votos a favor y ninguno en contra, avanzando así a su tercer trámite legislativo. Previamente, el proyecto había sido analizado por las comisiones de Seguridad Ciudadana y Hacienda de la Cámara, siendo una pieza fundamental dentro de la agenda legislativa enfocada en la seguridad, lo que le otorgó máxima prioridad en su proceso de tramitación.
Pocas horas después de su aprobación en Diputados, el proyecto fue discutido en el Senado. En este contexto, el Senador Pugh presentó el informe sobre lo acordado por los diputados y fue sometido a votación, obteniendo un respaldo unánime con 42 votos a favor y ninguno en contra.
Este proyecto establece la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), un organismo con atribuciones regulatorias, de fiscalización y sanción en el ámbito de la seguridad informática.
Además, llama la atención el artículo 55 referente al Hacking Ético, detallando las condiciones bajo las cuales no se considerará una infracción penal el acceso a un sistema informático domiciliado en Chile. Entre estas condiciones se encuentran la inscripción en el registro de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, el reporte a la Agencia sobre el acceso y las vulnerabilidades detectadas, así como la limitación del acceso a fines éticos, excluyendo cualquier intento de apoderarse de información o realizar acciones fraudulentas. Asimismo, se establecen lineamientos para el acceso a sistemas informáticos de organismos estatales y otros requisitos de comunicación responsable de vulnerabilidades dictados por la Agencia.
Este avance legislativo representa un paso firme hacia la protección y regulación de la ciberseguridad en el país, ofreciendo un marco legal integral y ético para abordar los desafíos digitales presentes y futuros.
Ahora, falta la firma del Presidente.
