Representantes de la Cámara Argentina de PyMEs Proveedoras de la Industria de Telecomunicaciones (Cappitel), analizaron la realidad de su sector. Los empresarios expusieron su preocupación ante la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases, que cuenta con media sanción en Diputados.
“La incorporación del RIGI, como está planteado, pone en mayor desigualdad a las pymes respecto a los inversores externos, en detrimento de la industria y el desarrollo de valor local”.
Cappitel estuvo representada por su presidente, Pablo Perelmuter, el vicepresidente, Aníbal Stancanelli, junto a Lici Verruno y José Luis Tombo, miembros de la entidad. De acuerdo con los directivos, el RIGI genera preocupación porque traería aparejado el cierre de empresas. En este contexto remarcaron la necesidad de contar con “un plan industrial a largo plazo que fomente el desarrollo, proteja al sector PyME y no dependa de los gobiernos de turno”. Para esto “tiene que haber una decisión política, un Estado que acompañe”, dijo Perelmuter.
En esta línea, el directivo indicó que el plan industrial debe contemplar una revisión y simplificación de las reglamentaciones impositivas y arancelarias vigentes para las PyMEs, que actualmente atentan contra el desarrollo, así como la creación de nuevos incentivos para la industria tecnológica y mecanismos que viabilicen la importación de insumos.
Perelmuter detalló que la Cámara ya se reunió con autoridades nacionales para contribuir con sus propuestas de crecimiento para el sector. Entre ellas, mencionó la posibilidad de impulsar la exportación de bienes y servicios de industria nacional hacia aquellos países de Latinoamérica donde las grandes empresas de telecomunicaciones tienen operaciones, una medida que permitiría “paliar la falta de divisas”.
Otro de los requerimientos señalados por los representantes de Cappitel es la revisión del Fondo de Servicio Universal (FSU), “que actualmente se cobra, pero no está siendo destinado a las necesidades de conectividad vigentes”, y la modificación o derogación del Régimen de Tierra del Fuego, que “como herramienta de ocupación de territorio tuvo una fundamentación”, pero no funcionó “como desarrollo de la industria nacional”.
El universo de PyMEs de telecomunicaciones comprende alrededor de cien mil empresas, 60% de las cuales se encuentran en el AMBA, según datos aportados por la Cámara.
